¿Por qué Anticorrupción?
Debido a que las iniciativas anticorrupción se quedan muchas veces en el discurso, se constata que se tiene que pasar a medidas concretas que le otorguen un papel preponderante a la política anticorrupción. Para ello, se deben fortalecer los esquemas en distintos niveles, desde la prevención y la investigación, hasta la sanción.

¿Qué retos presenta?
Se considera que se deben reformar las instituciones encargadas de diseñar, implementar y evaluar la política pública anticorrupción. Esto con el propósito de que tengan la capacidad y la posibilidad de liderar las reformas necesarias. Ello debe ir de la mano de una mejora en los mecanismos de coordinación interinstitucional.
Asimismo, se debe avanzar en la reparación de los daños generados por graves hechos de corrupción, a partir de la identificación de las víctimas y del daño patrimonial y extrapatrimonial ocasionado.
También se deben revisar los castigos para aquellos que cometen un hecho de corrupción, en busca de desincentivar este tipo de delitos, a partir de castigos efectivos proporcionales al daño causado. De la mano de lo anterior, se deberían introducir mecanismos novedosos que permitan identificar y sancionar administrativa, penal y fiscalmente a las personas jurídicas que hayan cometido graves hechos de corrupción.
Además, falta promover mecanismos específicos para la protección de denunciantes y reportantes de hechos de corrupción.

¿Por qué el Sistema Político?
De acuerdo a la experiencia de Transparencia por Colombia, se ha constatado la necesidad de fortalecer la transparencia, la integridad y el adecuado financiamiento de las campañas políticas. Esto con el fin de garantizar unas reglas de juego claras y equitativas para las organizaciones políticas.

¿Qué retos presenta?
Falta garantizar la adecuada financiación de las campañas electorales y las organizaciones políticas, a partir de los principios de equidad, integridad y transparencia.
Igualmente, se debe fomentar la sanción de la financiación indebida de la política y de los delitos electorales a partir de la mejora en tipificación, la investigación y judicialización.
Incluso, se constata un vacío en mecanismos que garanticen una competencia equitativa entre candidatos y partidos políticos.

¿Por qué la Justicia?
Debido a la creencia de que la corrupción “paga”, se constata la necesidad de implementar el castigo adecuado a los hechos de corrupción en todos los niveles del Estado, incluyendo aforados constitucionales, con el fin de desincentivar dichas prácticas. Para ello se debe garantizar que el sistema judicial tenga la capacidad suficiente para ejercer adecuadamente su labor.

¿Qué retos presenta?
Para garantizar que el sistema judicial funcione adecuadamente, se debe comenzar por fortalecerlo con personal adecuado y suficiente con la demanda de trabajo existente.
También, se deben evaluar los mecanismos de juzgamiento a los aforados constitucionales, en busca de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, reduciendo la impunidad de estos procesos.
En ese mismo orden de ideas, se debe garantizar el adecuado funcionamiento de mecanismos disciplinarios de la rama judicial, a través del fortalecimiento de las instancias encargadas y la revisión de mecanismos disciplinares judiciales.
Por último, se debe combatir la corrupción dentro de las cárceles, identificando su relación con redes criminales externas y con la perpetuación del crimen y de las desigualdades sociales.

¿Por qué los Derechos Humanos?
Se devisa el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, en especial los relacionados con la garantía de la participación ciudadana, por el rol que juega la sociedad civil en el sistema de contrapesos en el Estado de Derecho. En ese sentido, una sociedad civil informada, con mecanismos de expresión y participación puede ejercer un control ciudadano pertinente y eficaz.

¿Qué retos presenta?
Se deben crear mecanismos específicos que garanticen el derecho al Acceso a la Información Pública, a partir del fomento de la transparencia activa y pasiva en todas las entidades públicas.
Además, falta fortalecer las garantías a la diversidad y pluralidad de opiniones a partir de la protección de la integridad de defensores de Derechos Humanos y el fomento de la multiplicidad de espacios y de medios de comunicación.

¿Por qué la participación?
Garantizar la participación de la ciudadanía en los distintos ámbitos de la administración pública, permite que esta pueda ejercer control a las distintas entidades del Estado, ya sea a través de la representación política tradicional, los mecanismos institucionalizados de participación o los canales no formales.

¿Qué retos presenta?
Para ello, se deben garantizar los derechos de asociación y de protesta, reduciendo los obstáculos y desincentivando su estigmatización y la de los movimientos sociales.
Asimismo, se considera que se deben promover herramientas y medidas concretas que permitan que la ciudadanía incida en la protección de lo público y en la sanción social de la corrupción. Esto puede darse a partir del fomento de sus mecanismos institucionales o en función del dialogo con los no institucionalizados.
Igualmente, se deben generar garantías para la inclusión de nuevas fuerzas políticas en los procesos electorales y para el ejercicio del voto.

¿Por qué la Gestión Pública?
Se debe incentivar la transparencia, la integridad, la eficiencia y efectividad de la administración pública debido a que estas promueven un adecuado funcionamiento del empleo y los recursos públicos en el Estado.

¿Qué retos presenta?
Los continuos escándalos de corrupción dan cuenta que se debe mejorar la visibilidad de la contratación pública, recudiendo su discrecionalidad y revisando los regímenes especiales. Asimismo, se constata que debe mejorar la visibilidad y transparencia de los presupuestos públicos en todas las etapas del ciclo presupuestal y de los bancos de proyectos en todos los niveles de gobierno.
Igualmente, es necesario recomponer la carrera administrativa en el empleo público, garantizando trámites efectivos para los conflictos de intereses, eliminando las nóminas paralelas y reduciendo el grado de provisionalidad. De la mano de lo anterior, se debe promover mayor cantidad de convocatorias públicas y abiertas para los distintos niveles del Estado.
De igual forma, falta aumentar la capacidad de auto regulación de las entidades públicas, a partir de la mejora en la capacidad y la independencia de las dependencias de control interno.

¿Por qué la descentralización?
De acuerdo a Transparencia por Colombia, la lucha contra la corrupción debe sobrepasar las grandes ciudades del país, llegando a los niveles territoriales de Gobierno. Para esto, se debe incentivar el proceso de descentralización, enfocar localmente las políticas públicas anticorrupción y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales.

¿Qué retos presenta?
Se evidencia la necesidad de que las políticas se hagan desde el territorio y para el mismo, a partir del reconocimiento de sus necesidades específicas y de la elección de mandatarios conforme a sus intereses locales.
Aunado a lo anterior, debe mejorar la autonomía de los mandatarios locales, para decidir sobre los programas, proyectos y esquemas de provisión de bienes y servicios públicos, de forma tal que pueda cumplir con el mandato impuestos por su elector.
Al mismo tiempo, las políticas anticorrupción deben reconocer las características institucionales, económicas, sociales y espaciales de los territorios.

¿Por qué el género?
La lucha anticorrupción debe incluir la perspectiva de género, debido a que la corrupción afecta directamente derechos fundamentales de las mujeres y personas LGTBIQ+, incentivando las vulnerabilidades históricas y revictimizando a esta población. En ese sentido, se debe comenzar por el reconocimiento de las prácticas, demandas y acciones de mujeres y personas LGBTIQ+ en la materia, destacando la interseccionalidad de dichos grupos entre sí, así como con la etnia, la pobreza, el nivel educativo, entre otros aspectos.

¿Qué retos presenta?
Debido a que es una población históricamente excluida, se debe fortalecer el acceso a Derechos Humanos como la participación política y el acceso a la libertad de expresión. Para ello, deben implementarse medidas concretas que incentiven la equidad política y ciudadana relacionada con el género.
También, se constata un vació en la información sobre cómo afecta la corrupción a estos grupos en específico, sobre todo en relación a cómo el estigma y la invisibilización de estos sujetos interfiere con el acceso a bienes y servicios estatales.
Además, se ha notado que se ejerce menor control ciudadano a los recursos de políticas dirigidas específicamente a esta población, por lo que falta promover dichas herramientas en grupos de mujeres y población LGTBIQ+.