Sectores más afectados por la corrupción

Cómo lo muestra la gráfica anterior, los sectores de salud y educación son los que más han sido afectados por hechos de corrupción agrupando más del 32% de éstos. 

Para el sector educación, se destacan hechos como la existencia de alumnos fantasma en departamentos de Bolívar y Cesar, carteles de corrupción con el Plan de Alimentación Escolar-PAE en La Guajira, en Chocó y en Norte de Santander; irregularidades en universidades públicas de La Guajira, Chocó, Tolima y Cesar entre otros casos de desfalco a los recursos educativos.

El sector de la salud es otro de los más afectados por la corrupción y se ha convertido en un botín atractivo en muchas regiones del país. Ejemplo de ello son hechos como la aparición del “cartel de los enfermos mentales” en el departamento de Sucre donde en 2015 la Gobernación pagó $3.173 millones de pesos por tratamientos para enfermos mentales que no existían y para ello tramitaron facturación totalmente falsa.  También se encuentra el cartel de la hemofilia en Córdoba, hecho en el cual la Secretaría Departamental de Salud habría pagado entre 2013 y 2015 alrededor de $ 44 mil millones de pesos a dos IPS por supuestas prestaciones de servicio a pacientes hemofílicos, sin mediación de una EPS, con exámenes de laboratorio alterados, pago de medicamentos que nunca se suministraron y pacientes inexistentes. Finalmente, vemos el caso del Hospital Universitario del Valle del Cauca que generó en 2014 un detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos en el sector salud al presentar irregularidades en la contratación de medicamentos y dispositivos médicos y quirúrgicos.

Por otra parte el 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores económicos como infraestructura, industria y comercio, innovación y tecnología, sector minero energético, transporte, turismo, agricultura y desarrollo rural.

Si bien la gestión pública interna es un sector afectado de manera significativa (10,16% de los hechos corresponden a este sector) , la corrupción, que muchas veces tienen lugar por medio de procesos administrativos, se traduce también en violaciones directas a los derechos humanos, impactando negativamente la sociedad.