Los lugares de la corrupción

Los departamentos de la Guajira, Valle del Cauca y Nariño son los que mayores hechos de corrupción presentan, aunque se observa que en La Guajira, el Valle del Cauca, Nariño y Antioquia concentran el mayor número de hechos de corrupción, las razones difieren según cada uno de los departamentos.

La Guajira y el Valle del Cauca agrupan hechos de alcance departamental, es decir que involucran recursos departamentales o a instituciones departamentales. Por un lado, se identificaron varios gobernadores envueltos en hechos de corrupción durante el periodo abordado. Por ejemplo, en el Valle, el gobernador Juan Carlos Abadía (2008-2011) ha estado involucrado en, por los menos, seis hechos diferentes de corrupción. A su vez, La Guajira tiene cuatro gobernadores y un gobernador encargado involucrados en procesos judiciales por corrupción, durante un periodo de gestión consecutivo entre 2004 y 2016.

También, en este mismo departamento de La Guajira entre 2005 y 2010 apareció una red de corrupción compuesta, entre otros, por el Secretario departamental de salud al momento de los hechos, quien se apropió de recursos destinados a la salud a través de varios recobros falsos. Adicionalmente, en julio de 2016 la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por más de 17 mil millones de pesos en el Plan de Alimentación Escolar en el mismo departamento; prácticamente un “cartel” de fundaciones que se apropió de los recursos destinados a la niñez de la Guajira.

En Nariño y Antioquia, el fenómeno es diferente.  En Antioquia, de los 17 hechos identificados, 14 se reparten en los diferentes municipios identificados que reúne el departamento y sólo 3 son de alcance departamental. Notamos además que por un lado, Antioquia acoge 13 municipios de paz cuando otros departamentos cuentan con un número de municipios inferior, lo que significa que hubo más posibilidades de identificar hechos de corrupción ya que hay  más municipios en juego. Sin embargo, se observa que algunos municipios en particular agrupan un mayor número de hechos, como el municipio de Nechí que concentra 4 hechos de corrupción. Uno de ellos se destaca porque el alcalde elegido en 2008-2011 acumuló a lo largo de su mandato por lo menos cuatro indagaciones ante la Fiscalía General de la Nación por irregularidades relacionadas con delitos de corrupción. El contexto de estos municipios pertenecientes al Bajo Cauca Antioqueño con fuerte presencia del narcotráfico y de rentas ilegales asociadas a la minería ilegal puede representar factores favorables a la corrupción. 

Con respecto al departamento de Nariño, la concentración de hechos de corrupción en un único municipio se acentúa aún más, porque el departamento sólo presenta a Tumaco como municipio de paz: sobre 18 hechos de corrupción registrados en este departamento, el municipio de Tumaco concentra 12.

Tumaco ha sido un territorio con alto nivel de conflictividad pero también se ha caracterizado por una debilidad institucional constante. En efecto, los hechos observados se relacionan con fraude electoral, inhabilidades para el ejercicio de la política, vínculos entre políticos y paramilitares, obtención de contratos y desvío de recursos públicos de la salud y la educación por parte de funcionarios públicos lo cual demuestra una crisis de gobernabilidad permanente en el municipio. Por ejemplo, en 2016, el exalcalde de Tumaco Neftalí Correa Díaz (2008-2011), quien también fue Representante a la Cámara, fue destituido e inhabilitado por 14 años por irregularidades en un contrato para dotar de internet a 36 instituciones educativas del puerto. Este contrato firmado con una ONG en 2011, omitió los principios normativos de transparencia en la selección del modo de contratación. La investigación también permitió comprobar que en el marco del convenio se desarrollaron actividades propias de la conectividad a internet y no de tipo científico y tecnológico, propósito real del convenio.

Finalmente, para el departamento de Chocó, el Monitor Ciudadano registró 17 hechos de corrupción, en su mayoría de alcance departamental y dos hechos más en el  municipio de Riosucio, el cual es  territorio de paz. Los elementos de contexto que demuestran el alto número de hechos se vinculan no sólo con un territorio que presenta altos niveles de pobreza, abandono estatal y una aguda crisis político administrativa debido al actuar de sus gobernantes, sino que también se ha concebido como un botín estratégico para la minería ilegal, los cultivos de coca y la apropiación ilegal de territorios colectivos. Este panorama se hace aún más evidente en esta investigación al hallar hechos de parapolítica y captura del Estado donde ex gobernadores y ex representantes a la cámara del Chocó han sido condenados. Se destaca el caso de los ex Representantes a la Cámara Édgar Ulises Torres Murillo (1994 – 2006, 2006– 2009) y Odín Sánchez (1998-2002 y 2006-2010) quienes recibieron apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia para sus campañas al Congreso de la República. El representante Ulises Torres también aparece involucrado en contratos irregulares celebrados en 2007 por la Industria Licorera del Chocó y la empresa Chocó Pacífico, al ejercer una presión indebida para favorecer a terceros, supuestamente cercanos un narcotraficante extraditado.

Resaltan  también hechos de ex gobernadores como William Halaby Córdoba (2001-2003) y Efrén Palacios (2012-2015) involucrados en hechos de corrupción por  celebración indebida de contratos de salud y servicios públicos, por los cuales el primero fue condenado a cinco años de prisión y el segundo, se encuentra  imputado. En el caso del municipio de Riosucio, dos alcaldes elegidos en periodos consecutivos, Jorge Isaac Mosquera Caicedo para el periodo (2008-2011) y Cecilio Arroyo Moreno para el periodo (2012-2015) se encontraron involucrados en hechos de corrupción.

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Los municipios de El Bagre, San José del Guaviare, Arauca, El Carmen de Bolívar, La Paz y Tumaco no sólo se caracterizan por haber presentado escenarios complejos de violencia asociada al conflicto armado, sino que también han sido territorios donde el abandono estatal ha sido oportunidad para que diversos actores ilegales ejerzan dominio, control o alianzas con los gobiernos locales para apropiarse de recursos públicos y obtener beneficios políticos o económicos. Se observa que para el periodo (2008-2011) los alcaldes de Tumaco, Nechí, El Carmen de Bolívar, Arauca y La Paz se vieron envueltos en varios hechos de corrupción. Esta misma situación se observó para los alcaldes de Tumaco, Nechí, El Bagre y El Carmen de Bolívar en el período 2012-2015.  Otros hechos que involucrara a la máxima autoridad a nievl municipal se observan en San José del Guaviare, donde su alcalde en el año 2007 cometió irregularidades en el giro del impuesto para el funcionamiento de los bomberos voluntarios del municipio y, en Arauca donde su alcalde para el periodo 2008-2011, William Alfonso Reyes Cadena, estuvo  involucrado en detrimento patrimonial de recursos provenientes de las regalías, por más de siete mil millones de pesos.

Estos datos municipales permiten identificar hechos de corrupción de diferente tipo. Se encuentran hechos al interior de la administración pública, hechos relacionados con irregularidades y fraudes electorales, hechos que involucran al sector privado y hechos relacionados con vínculos y alianzas con actores armados, entre otros.