Una forma de participar y expresar intereses políticos es a través de la financiación de campañas. La Ley 1475 de 2011 permite que las personas naturales y jurídicas hagan aportes a las campañas, ya sea a través de donaciones o de créditos. Esa Ley también define cuáles fuentes se permiten y cuáles se prohíben, y entre estas últimas se encuentra el financiamiento anónimo. En otras palabras, toda donación o crédito debe venir acompañado de un nombre y una cédula de ciudadanía o número de identificación Tributario (NIT), dependiendo de cada caso. 

En los reportes de ingresos y gastos de las campañas territoriales de 2015, y las legislativas y las presidenciales de 2018, se encontraron 1.272 casos en los que en la información registrada del financiador se suplanta su identidad y se cambia por la de otra de persona. Esta información equivocada también se manifiesta en números de cédula o de NIT que no corresponden con el nombre del financiador, o números de identificación inventados que no corresponden con ninguna persona natural o jurídica. También se detectaron casos de financiadores que se registran con el número de cédula de personas ya fallecidas.  Todo lo anterior impide conocer el origen real de estos recursos. Es decir, es una prueba de que financiadores anónimos aportan a las campañas políticas. 

En estos casos el principal problema no radica en el monto de los recursos aportados a las campañas sino en que estos registros irregulares impiden conocer el origen de estos ingresos. Esta suplantación indica dos posibles situaciones. La primera, un muy mal registro de la información en los reportes contables; la segunda, un interés por encubrir a los verdaderos financiadores de las campañas. Ocultar el origen real de los aportes no significa necesariamente la existencia de fuentes prohibidas de financiación. Pueden existir diversas razones para no querer que se sepa el origen de los recursos, entre las se encuentran los conflictos de intereses, superación de topes permitidos para los aportes o falta de diligencia en confirmar y registrar la información en Cuentas Claras. 

La siguiente tabla relaciona el número de candidatos que recibieron aportes anónimos en cada proceso electoral, con el número de financiadores que dieron estos recursos y su valor.

Financiadores en cuerpo ajeno para los procesos electorales de 2015 y 2018):

Elección

Corporación/ Cargo

No. candidatos financiados

No. de financiadores anónimos

No. aportes de financiadores anónimos

Total de  aportes anónimos

Territoriales 2015-2019

Alcaldía

153

237

263

$1.214.911.432

Asamblea

35

38

40

$137.470.292

Concejo

541

525

676

$993.541.650

Gobernación

15

19

21

$237.720.536

JAL

95

99

124

$50.868.065

Legislativas 2018-2022

Cámara de Representantes

64

75

82

$711.824.149

Senado de la República

32

44

49

$458.292.184

Presidenciales

2018 -2022

2

19

17

$22.240.000

Total aportes de financiadores anónimos

937

1056

1.272

$3.826.868.308

 

En las elecciones territoriales de 2015 se registraron más aportes de financiadores anónimos o con identidades suplantadas. En dichas campañas se encontró que aproximadamente 2.600 millones de pesos estaban asociados a financiadores con números de identificación alterados, entre los que se encontraron 81 personas que registraron números de identificación como 1, 2, 3, 4, 17, 70, 11111 o 444444, entre otros números inventados. También hay 829 registros de personas en las que el número de identificación no concuerda con el nombre registrado. Incluso un financiador registró su número de celular como si fuera su cédula de ciudadanía. 

Entre los 937 candidatos con registro irregular de identificaciones y/o nombres de sus financiadores, se encontró que en la mayoría de los casos estos candidatos fueron avalados por los principales partidos políticos del país: Cambio Radical (12 por ciento), Liberal (12 por ciento), Centro Democrático (11 por ciento), Alianza Verde (11 por ciento) y Conservador (10 por ciento). 

Estas cifras son mínimas si se comparan con la cantidad de candidatos en los procesos electorales analizados o con el monto total de los ingresos. Sin embargo, permiten mostrar el gran vacío de información que existe con respecto a la financiación de las campañas políticas. En algunos casos, por ejemplo, es casi imposible establecer el origen de la gran mayoría de los recursos de una campaña política. Por ejemplo Jazmín Stibaliz Puerta Pinto, candidata a la Cámara de Representantes por el partido Somos, presenta en su reporte de ingresos y gastos que el 95 por ciento de sus recursos (110 millones de pesos) se los donó el señor Danilo Trujillo Pinto. Sin embargo, el número de cédula registrado en Cuentas Claras corresponde a John De La Cruz Zapata. ¿Finalmente quien fue el financiador de esta campaña? 

El aporte más grande de un financiador jurídico anónimo es el que reportó Evamaría Uribe Tobón, candidata al Senado por Cambio Radical. Según sus registros la empresa “Google INC” le otorgó a su campaña un crédito por 50 millones de pesos. Sin embargo, en el registro de este crédito la empresa sale con un número de Registro Único Tributario inexistente en la bases del RUT: 444444444.  

Del total de candidatos que recibieron aportes de financiadores anónimos o con nombres y cédulas mal registrados, 198 resultaron elegidos a los cargos o corporaciones a los que aspiraron. 53 alcaldes y 96 concejales hoy en ejercicio llegaron a sus cargos con aportes registrados bajo nombres y/o números de identificación alterados.  Por ejemplo, Cesar Fabián Villalba Acevedo, del partido Cambio Radical, alcalde de Girardot, quien reporta una donación de 50 millones de pesos que recibió de Rómulo Tapiero Flores. Sin embargo, el número de cédula registrado le corresponde a Ferrinzon Martínez Duarte. Vale anotar que en septiembre de 2016, el Sr. Villalba fue capturado por presuntas irregularidades cometidas durante su elección en 2015, sin embargo, el 9 de marzo de 2018, un Juez de control de garantías de Girardot, determinó dejarlo en libertad por vencimiento de términos, y actualmente se encuentra terminando su periodo como alcalde elegido. 

Otra clase de financiadores anónimos se encuentra en el registro de personas ya fallecidas que aportaron dinero a las campañas. En 2015 se encontraron 18 financiadores identificados con el número de cédula de personas fallecidas. Esta situación también se presentó en dos de las campañas al Congreso de 2018.  

Entre los financiadores fallecidos se pueden mencionar ejemplos como el de Walter Hernando Quiñones Castillo, del Partido Verde, alcalde de Magui, Nariño, quien recibió cuatro millones de pesos que le donó la señora Luz Enith Churta Ortega. Sin embargo, el número de cédula con el que se registra el aporte es de la señora Marta Cortes, quien murió en 2007.  

También se encuentra el caso del senador Luis Fernando Velasco Chávez, del Partido Liberal, quien registra un crédito recibido del señor Jorge Sair Naranjo López. Sin embargo, según la Registraduría Nacional del Estado Civil y el sistema de seguridad social (ADRES), Naranjo, identificado con la cédula de ciudadanía número 10'547.343, falleció en 2014. 

Estos registros donde se encubre el nombre del financiador real con nombres y/o números de identificación alterados, dificulta el monitoreo y control que deben adelantar la autoridad electoral y los entes de control, a la rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas. Además, ocultar el origen real de los recursos o reportar “financiadores anónimos”, vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos de conocer cómo y quiénes financian la política. 

En estos casos la responsabilidad principal es de los candidatos, gerentes y contadores de campañas, quienes deben de reportar oportuna y completamente todos los ingresos que reciben. Deben verificar que los números de identificación correspondan a los nombres de los financiadores y no que sean producto del ingenio o la recursividad para diligenciar esta información y cumplir con la obligación pero sin datos reales. Además, como lo indica la Resolución 3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral (CNE), cualquier falsedad o falta de veracidad debidamente comprobada de los datos contenidos en los informes de ingresos gastos de campaña enviados a través del Software aplicativo "CUENTAS CLARAS" será sancionada en los términos que dispone la Ley 130 de 1994y 1475 de 2011. Desde multas hasta perder el derecho a la financiación estatal o incluso perder la personería jurídica de las organizaciones políticas que avalan estos candidatos.