Para evitar que grandes financiadores a campañas (ya sean personas naturales o empresas) puedan interferir de manera indebida en la contratación pública, el Artículo 2 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) señala que quienes hacen aportes a campañas hasta determinado monto no puedan ser contratistas en el mismo nivel administrativo en el que dieron sus aporte: “Las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías o al Congreso de la República con aportes superiores al dos por ciento (2 por ciento) del tope de gastos para las campañas electorales en cada circunscripción electoral no podrán celebrar contratos con entidades públicas, incluso descentralizadas, del mismo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato”. Esta inhabilidad se extiende por todo el período para el cual fue elegido el candidato, pero excluye los contratos de prestación de servicios. 

Para tener claro lo que significa esta inhabilidad es necesario repasar las prohibiciones recogidas en el artículo:

1. Prohibición para contratar con alcaldías. Aquellas personas naturales o jurídicas que financiaron a alcaldes por un monto superior a 2 por ciento del tope máximo de gastos permitidos para la campaña no pueden celebrar contratos con entidades del nivel municipal en todo el país, a excepción de aquellos contratos que sean por prestación de servicios. 

2. Prohibición para contratar con gobernaciones. Aquellas personas naturales o jurídicas que financiaron a gobernadores por un monto superior a 2 por ciento del tope máximo de gastos permitidos para la campaña no pueden celebrar contratos con entidades del nivel departamental en todo el país, a excepción de aquellos contratos que sean por prestación de servicios. 

3. Prohibiciones para contratar con Congreso o Presidencia. Aquellas personas naturales o jurídicas que financiaron a congresistas o al presidente de la República, por un monto superior a 2 por ciento del tope máximo de gastos permitidos para la campaña no pueden celebrar contratos con entidades del nivel nacional, a excepción de aquellos contratos que sean por prestación de servicios. 

4. Entidades descentralizadas del mismo nivel: Cada una de las prohibiciones señaladas se extiende a las entidades descentralizadas para cada nivel territorial. Estas entidades son aquellas que fueron creadas por ley o autorizadas por estas y deben cumplir con funciones administrativas tener personería jurídica, patrimonio propio y autonomía. Entre estas se encuentran las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea “el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio". (Ley 489 de 1998. Art. 68) 

5. Inhabilidad sobreviniente cuando el candidato es elegido: Es preciso aclarar que quienes financian campañas en el monto superior a 2 por ciento del tope máximo de gastos permitidos, queda inhabilitado para contratar en ese mismo nivel SOLAMENTE si el candidato sale elegido.

Las anteriores aclaraciones muestran que es difícil determinar la relación entre un financiador de campañas, el monto que dio, el tope máximo de gastos permitidos y el nivel en el que no podría ser contratista. Para establecer si hay una inhabilidad es necesario cruzar información de financiación de campañas en Cuentas Claras (https://cnecuentasclaras.gov.co), topes máximos de gastos permitidos por cargo y corporación en resoluciones que emite el Consejo Nacional Electoral (https://cne.gov.co), contratistas públicos y lugar dónde se ejecuta el contrato en SECOP (https://contratos.gov.co/ para SECOP I y https://community.secop.gov.co/ para SECOP II). Precisamente, tomando los datos disponibles de elecciones territoriales 2015 y Congreso y Presidencia 2018, así como los reportes en SECOP de contratistas públicos a partir de 2016, se hizo este cruce de información, verificando por una parte coincidencia entre el financiador de la campaña y el contratista y por otra parte si el monto de su aporte habría superado el 2 por ciento del tope máximo de gastos permitidos . 

Este cruce de información arrojó coincidencia en 38 casos: 20 financiadores privados a elegidos a alcaldías municipales (2015); 15 financiadores privados a elegidos a gobernaciones (2015) y tres financiadores privados a Representantes de la Cámara (Congreso 2018). Estas 38 personas naturales recibieron contratos en el respectivo orden administrativo dónde dieron su aporte a la autoridad o al legislador elegido a pesar de existir la inhabilidad para la contratación . Para ilustrar este hallazgo, a continuación se presenta el top de estos financiadores, que dieron montos superiores al 9 por ciento del tope de gastos máximo permitido:

 

Top de Financiadores Contratistas Prohibidos

 Cargo/

Corporación

Elegido

Aportante

% aporte/ tope de gastos

Información entidad contratista

Contrato

ALCALDÍA

José Antonio Castro Meléndez (Mocoa)

Adriana Isabel Córdoba Zambrano

 

16.6%

Alcaldía Municipio De Villagarzón, Putumayo

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-92342

Marcos Pérez Jiménez

(Puerto Carreño)

Gustavo Londoño García

 

9.9%

Alcaldía Municipio De Puerto López, Meta

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5883897

GOBERNACIÓN

Jorge Emilio Rey Ángel (Cundinamarca)

Multimpresos S.A.S.

 

11.7%

TEVEANDINA Ltda. (2018)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8660321

Carlos Andrés Amaya Rodríguez (Boyacá)

Abraham Suarez Rodríguez

 

14.3%

Gobernación de Boyacá (2016)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5824716

Gobernación de Boyacá (2017)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6573307

Hospital San Rafael Tunja (2018)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8696262

Gobernación de Boyacá (2019)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-453277

Sigifredo Salazar Osorio

(Risaralda)

Seven Digital Media S.A.S.

 

9.5%

Hospital Santa Mónica/ Dosquebradas (Risaralda) 2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5827284

Hospital Santa Mónica/ Dosquebradas (Risaralda) 2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5368743

CÁMARA

Jennifer Kristin Arias Falla (Meta)

Luis Eduardo Arias Castellanos

9.98%

CORMACARENA - Corporación para el desarrollo sostenible de la Macarena (2018)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7598612

 

• La persona que más supera el tope máximo del aporte permitido y que después recibió un contrato en el mismo nivel es Adriana Isabel Córdoba Zambrano. Ella realizó tres aportes por un total 29 millones 850.000 pesos a la campaña de José Antonio Castro Meléndez, actual alcalde de Mocoa. Se debe tener en cuenta que el valor máximo de gastos de campañas permitido para este municipio era de 180 millones 362.635 pesos.  Asimismo, en 2016 se registra en SECOP un contrato entre el Consorcio Biobras, de quién Córdoba Zambrano es la representante legal, y la alcaldía del municipio de Villagarzón, en Putumayo. El objeto de este contrato es “pavimentar graderías y andenes de las carreas 4 y 3 entre calles 2 y vía a Mocoa en Villagarzón”, por un valor total de 296 millones 677.488 pesos.  Si se calcula el valor de retorno o beneficio recibido por este aporte a la alcaldía, resulta que la señora Córdoba Zambrano recibió aproximadamente nueve veces el valor de su aporte como resultado del contrato con una entidad en el mismo nivel. 

 

• Una situación similar se observa en el caso de Abraham Suarez Rodríguez, quien aportó 250 millones de pesos a la campaña de Carlos Andrés Amaya Rodríguez, gobernador de Boyacá. El monto de este aporte equivale al 14.3 por ciento del tope máximo de gastos permitidos para las campañas de este nivel, que es de 1.751 millones 791.712 pesos. En el SECOP de los años 2016, 2017 y 2018 figuran cuatro contratos (cada uno por un año) celebrados entre la Gobernación de Boyacá y Suárez Rodríguez, con el objeto de entregar componentes y suministros para manufactura, edificación y construcción. Estos contratos suman 389 millones 039.130 pesos. En este caso, el valor recibido por concepto del contrato con la gobernación de Boyacá es 1.5 veces superior al monto de su aporte a la campaña del gobernador. 

Estos ejemplos muestran que el riesgo de corrupción que genera el cruce entre financiación de campañas y contratación pública no está directamente relacionado con el valor del aporte sino con el poder de incidencia de los actores privados en la gestión de lo público. Precisamente la inhabilidad para contratar como la estipula el Estatuto Anticorrupción, en principio busca evitar esta situación. Sin embargo debe tenerse en cuenta lo siguiente:

• Por un lado se busca evitar la incidencia indebida de los actores privados. Pero, por el otro lado, se favorece un sistema mixto de financiación de campañas en el cual los recursos privados son mayores que los aportes públicos, lo que lleva en la práctica a depender en gran medida de los aportes de los privados para las campañas. Así las cosas, una manera de prevenir esta situación es aumentando la financiación estatal de campañas antes de las elecciones.

• Para poder identificar este potencial conflicto de intereses o riesgos de incidencia indebida entre los privados que financian campañas y las autoridades elegidas por voto popular es necesario trabajar en la generación de información relevante y oportuna. Para tal fin, en la plataforma de SECOP por lo menos se debería pedir información de los oferentes de bienes y servicios, si han sido financiadores de campañas y las sumas entregadas. Por otra parte, desde el Consejo Nacional Electoral se debería avanzar en la generación de un registro de los aportes del sector privado a las campañas.